Cae una red de bodas de conveniencia

Los inmigrantes pagaban 10.000 euros por cada ‘matrimonio blanco’ – Una funcionaria de Extranjería colaboraba con la banda.

Tres hermanas gitanas se casan en un mismo día con tres colombianos. La parroquia no lo ve claro, se encienden las alarmas y el asunto acaba con la desarticulación de una red que se dedicaba a concertar matrimonios de conveniencia para dar papeles a inmigrantes. Estas hermanas, partícipes de una estrategia ciertamente poco elaborada, son tres de los 34 detenidos en la llamada Operación Escarlata de la Policía Nacional contra la organización, que celebró un centenar de matrimonios falsos en Madrid.

La cabecilla del grupo era una mujer de origen colombiano apodada Claudia, de 41 años, con nacionalidad española y relacionada con narcotraficantes. En el juzgado de paz de Torrelodones era muy conocida; la llamaban “la gestora de las bodas”. En realidad, Claudia se hacía pasar por abogada; solía repartir tarjetas profesionales de una gestoría de Carabanchel en la que no trabajaba. Cuando los inmigrantes la llamaban para regularizar su situación, ella recomendaba casarse con un español.

Los que querían la tarjeta de residencia pagaban entre 10.000 o 12.000 euros. Los contrayentes españoles cobraban unos 3.000 y los testigos, sobre los 200. Claudia y su organización buscaban a estas personas en ambientes marginales. Muchos de ellos, detenidos en la operación, tienen antecedentes penales y son viejos conocidos de la policía.

La red de Claudia también buscó alianzas en la Administración. Consiguió, según la policía, la colaboración de una funcionaria española de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, que ha sido detenida. Su labor era facilitar los trámites de las tarjetas de residencia sin verificar con mucho detalle los documentos.

Una de las bodas acabó en un calvario para la mujer inmigrante. Fue extorsionada durante meses por su español y toxicómano marido. Al principio todo parecía fácil. Ella se comprometió a desembolsar los 10.000 euros a Claudia, que se encargó de todo. Al cabo de poco tiempo le dieron la tarjeta de residencia. Ni siquiera tuvo que convivir con su nuevo esposo. Pero éste no desapareció de su vida porque vio en la mujer un filón para conseguir dinero.

La mujer tenía terror a que la echaran de España, y él aprovechó su miedo. Le iba pidiendo cosas poco a poco: hoy 50 euros; mañana 100; la semana siguiente 60… Si ella se negaba, o decía que ya no tenía más, la amenazaba con ir a la policía de inmediato. “Lo voy a contar todo y te vas a quedar sin tarjeta después de haber pagado 10.000 euros”, le decía.

El humilde sueldo de la mujer no daba para satisfacer las demandas del exigente marido, pero las ganas de quedarse en España le hacían pagar, y él acabó sacándole unos 4.000 euros. No está claro que pensara parar.

Claudia y sus compañeros acabaron por sofisticar sus métodos. En un momento dado decidieron que la propia boda era superflua, y prescindieron de los contrayentes españoles ficticios -y de sus sueldos-. Comenzaron a falsificar los certificados eclesiásticos y a llevarlos sin más al Registro Civil.

No hubo bodas falsas en iglesias, salvo en un caso. Un sacerdote colombiano autorizó un casamiento haciéndose pasar por otra persona. El resto de matrimonios canónicos promovidos por la red se inscribían en el Registro Civil a partir de certificados falsos. Alguien iba a la parroquia, cogía los papeles para pedir el certificado de matrimonio y a partir de ese documento se hacía la falsificación que después se llevaba al Registro. En los matrimonios civiles sí se llevaba a cabo la ceremonia. Claudia se encargaba de todo el papeleo e instruía a los novios.

De los 34 detenidos, sólo cuatro formaban parte de la red. Tres de ellos están presos. La policía está aún investigando si pudiera haber algún otro funcionario involucrado en alguno de los registros civiles madrileños. La operación sigue abierta y los agentes están examinando los papeles que se han recabado.

fuente/elpais.com/